EL edil, Reyes Maestre, durante una intervención en el Pleno
Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad democrática que asistiera ayer al pleno, no podría más que lamentarse por el triste espectáculo que se ofreció durante gran parte de su desarrollo.
El primer asunto a tratar daba cuenta del programa del nuevo tripartito, en el que desarrollaban su plan de Gobierno en 100 puntos. La portavoz popular, Miriam Rabaneda, acusó a Juan José Martín Nieto de rehuir el debate y le recordó que “la jueza le va a interrogar por su programa urbanístico” (escuche aquí su intervención). Para la edil, de los 100 puntos del programa solo hay dos que interesan realmente al tripartito, la anulación de la declaración de lesividad de la permuta de la Granja-Escuela y la aprobación del Espacio del Motor.
Juan José Martín Nieto culpó a Rabaneda de haber sido “incapaz de mantener una mayoría estable de gobierno en esta institución” (escuche aquí la respuesta del alcalde).
En ese momento, ante las interrupciones del público, el presidente del Pleno decidió desalojar a una “señora rubia” y se hizo un receso. Mientras por un lado los policías intentaban desalojar de su asiento a la señora que había señalado el alcalde (tarea que no lograron llevar a cabo), en otra parte de la sala Reyes Maestre protagonizaba un incidente con un menor, al que supuestamente agredió, rompiéndole en un forcejeo su jersey rosa. Estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil. Miriam Rabaneda ha declarado a Telemadrid que pedirá la dimisión de Reyes Maestre, por considerarle “indigno” de ostentar un cargo público. Reyes Maestre se ha abstenido de hacer declaraciones de ningún tipo a este respecto. El PSOE, sin entrar a valorar el suceso ha pedido comprensión para el edil, dado que “hay que tener en cuenta que Reyes, antes que político es persona y está sometido a una presión enorme por quienes antes se decían sus amigos y aliados“.
Tras este alboroto, se reanudó el pleno y Juan José Martín explicó que al final de la legislatura pretenden terminar el sexto centro de Educación Infantil y Primaria, el tercer centro de Salud con gestión Pública y el centro de Especialidades (que reclamarán a Esperanza Aguirre). También van a exigir que Pinto tenga un juzgado de instrucción de primera instancia y que el INEM complete los servicios que ahora ofrece la oficina de Pinto. Se pedirá a Fomento el soterramiento de la vía del tren de Cercanías y a la Comunidad de Madrid el de la M-506, con el fin de eliminar las barreras que supondrían para el municipio con los nuevos planeamientos urbanos.
Rabaneda finalizó el debate del punto resumiendo a Martín Nieto su teoría acerca de la naturaleza humana:”hay dos clases de personas, las que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder y las que somos honradas y tenemos principios”.
A continuación se pasó a votar los nombres de las calles de dos nuevos polígonos industriales y también se aprobaron dos puntos que habían quedado sobre la mesa en el pleno del 18 de diciembre, entre ellos la ordenanza de Uso de Caminos, en la que se destacó el trabajo realizado por los miembros de la Agenda 21.
Uno de estos puntos que ya habían ido en el anterior pleno consistía en la cesión de una vivienda municipal al INTRES, que se encarga de alojar y ayudar a personas con enfermendades mentales. Juana Valenciano, la popular Rosa Ganso y la nueva concejala de Servicios Sociales, Julia Cerdeiras, mostraron sus diferencias respecto a la urgencia del asunto, que fue aprobado por unanimidad, sin que el presidente dejase intervenir en este debate a Rabaneda, que solicitó la palabra (escuche aquí el debate sobre este punto).
El noveno punto del orden del día fue el más largo. Se trataba de dar cuenta de gastos y facturas del anterior gobierno popular. Juana Valenciano pidió la palabra para apuntar que, puestos a exigir responsabilidades, se estudiasen también las cuentas de los gobiernos del PSOE. Explicó que en 2004 había 942.213 euros concedidos en préstamo a Argentina que no se habían devuelto, y que en derechos de cobro, por dejadez o otras causas desconocidas, se habían perdido alrededor de 20 millones de euros (escuche aquí el debate sobre este punto del orden del día).
La portavoz socialista y concejala de Hacienda, Patricia Fernández, veía graves irregularidades en los más de 1.000 informes negativos de Tesorería e Intervención que había firmado el gobierno anterior. La mitad de estos pagos se realizaron en los días precedentes a la moción de censura, por lo que la concejala socialista atribuyó a la mala fe esta actuación de los populares. También denunció la existencia de proveedores VIP, a los que se pagaba sin guardar orden de prelación alguno.
Se inició así una espiral de descalificaciones y acusaciones mutuas que tuvo su punto culminante en el punto siguiente, en el que el gobierno tripartito pedía a los concejales y cargos de confianza que devolvieran el dinero cobrado por vacaciones no disfrutadas. La cantidad solicitada ascendía al total de 61.000 euros. Acusaciones de “mentirosos” y “sinvergüenzas” fueron intercambiadas entre los concejales socialistas y populares, insultos a los que curiosamente añadian el epíteto de “político”, con lo que conseguían aún más enterrar el verdadero sentido del concepto. Patricia Fernández amenazó con ir a los tribunales si no se devolvían las cantidades cobradas, ya que según documentos municipales, lo declarado no se correspondía con la realidad. Cada grupo tenía una carpeta con facturas de gastos más que dudosos con las que se amenazaron y reprobaron recíprocamente.
Rozando ya la media noche, se pasaron a discutir las mociones sobre el apoyo a la población palestina que ha sufrido los ataques indiscriminados del ejercito israelí en la franja de Gaza. El PP no se sumó a la propuesta del tripartito porque no compartían ciertos aspectos del manifiesto firmado por sindicatos y varias asociaciones del municipio. Para los populares no se insistía suficientemente en el carácter terrorista de Hamás. Laura del Moral demostró con solvencia y sosiego la falta de voluntad de los populares por llegar a un acuerdo y y les achacó el ceñirse exclusivamente al argumentario recibido desde Génova. En la moción se acordó aprobar una cuenta corriente de Solidaridad gestionada por Cruz Roja y promover acciones encaminadas a un hermanamiento con la población de Gaza. La moción presentada por el PP fue rechazada.
Cerca de la una de la mañana el PP aún tenía ganas de presentar una moción de urgencia con motivo del cambio de ubicación de la Residencia Pública, que será construida con los fondos del Plan Estatal de Inversión Local.
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