Juan José Martín y el obispo titular de la Diócesis de Getafe, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo (Fuente foto: Pintoweb)
Los partidos políticos pinteños MIA ( Movimiento de Izquierda Alternativa) y UPyD (Unión, Progreso y Democracia) han manifestado, mediante los respectivos comunicados de prensa, su disconformidad con el acuerdo anunciado en la web municipal, alcanzado entre el obispado de Getafe y el ayuntamiento de Pinto para financiar la construcción de un nuevo templo en el barrio de la Tenería.
Según informa Pintoweb “el consistorio financiará las obras con un importe de 1,5 millones de euros (y no los 3 previstos inicialmente) que la Iglesia devolverá a lo largo de 23 años, sin intereses a las arcas públicas y con un plazo de carencia de siete años”. Se modifica así el acuerdo anterior, de abril de 2007, que rubricó el anterior alcalde socialista Juan Tendero, un mes antes de ceder el gobierno al PP y su socio Juntos por Pinto.
Lo cierto es que los costes de la obra arquitectónica, proyectada por un renombrado arquitecto, salía demasiado cara a los vecinos de Pinto y el obispado no estaba en condiciones de afrontar tan costoso homenaje a la divinidad sin la ayuda municipal. Una vez superado el vía crucis económico de la crisis, se retoma de nuevo la erección de la nueva iglesia, con aspiraciones más modestas para no dejar sin un lugar en el nuevo barrio de la Tenería en el que el pastor pueda reunir y apancentar a su rebaño.
Desde el MIA se “rechaza de plano la puesta a disposición de recursos públicos al servicio de un credo privado como es la religión católica, y de su representante en nuestro municipio, el Obispado de Getafe”. Tampoco entienden que se justifique el préstamo tan ventajoso con el argumento de que se trata de seguir “sumando infraestructuras; en este caso una iglesia pensada para la población católica de un nuevo barrio de Pinto”, según declaró el actual regidor, Juan José Martín Nieto.
En el comunicado también se arremete contra PSOE e IU de Pinto por no tener “clara la separación Iglesia-Estado (en su más amplio concepto de Administración Pública), y les acusa de intentar “buscar rentabilidad electoral a costa de dar de lado principios y valores fundamentales para las gentes de izquierda”. Se denuncia también la hipocresía del obispado y a la jerarquía católica, que mientras, por una parte, “con tanta vehemencia se ha opuesto a avances importantísimos en materia de derechos civiles en nuestro país”, por otra, “no parece tener ningún reparo en recibir financiación pública de Ayuntamientos gobernados por Partidos (como PSOE e IU) vilipendiados por ésta hasta la saciedad por las políticas que defienden a nivel general”.
En una nota más escueta, el CEL (Comité Electoral Local) de UPyD considera “que en este momento debe primar invertir en necesidades reales y urgentes para los ciudadanos”. Además, afirman que “respetando todas las tendencias religiosas, no creemos necesario que el Ayuntamiento deba asumir este gasto, y más cuando se ha utilizado la subida de impuestos como medida para paliar la deuda que arrastra el consistorio municipal”. Finalizan su comunicado comprometiéndose a pedir vía registro información para hacer un seguimiento del polémico acuerdo.
El acuerdo, firmado el día 22, fue ratificado tres días después, en el pleno ordinario de marzo.
